Pedradas contra vehículos en movimiento, robos en zonas de obra con vallas removidas, ataques desde puentes: las rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires acumulan antecedentes de hechos que pusieron en riesgo la vida de conductores y pasajeros. Frente a esa situación, un proyecto legislativo presentado por el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cámara baja bonaerense propone modificar la Ley Orgánica de la Dirección de Vialidad para incorporar obligaciones concretas de seguridad en los tramos más comprometidos de la red vial provincial.
La iniciativa, impulsada por los diputados Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lorden, parte de un diagnóstico que los propios legisladores identificaron en su fundamentación: la legislación vigente carece de mecanismos que obliguen al Estado y a las empresas concesionarias a prevenir delitos y proteger a los usuarios en tramos con historial de incidentes. El proyecto apunta a cubrir ese vacío con herramientas de planificación, infraestructura y control.
El eje central de la propuesta es la creación de un "Mapa de Tramos Críticos", elaborado en forma conjunta entre la Dirección de Vialidad, el Ministerio de Seguridad y las concesionarias que operen en la red provincial. Este instrumento identificaría los sectores con antecedentes comprobados de robos, agresiones o accesos irregulares, y debería actualizarse con periodicidad. Sus datos, además, tendrían carácter público.
La determinación de un tramo como crítico traería consecuencias directas en términos de obra y equipamiento. El proyecto establece que esas zonas deberán contar con infraestructura de protección obligatoria: mallas anti-arrojo en puentes y pasarelas, cercos perimetrales, iluminación adecuada y cámaras de monitoreo conectadas a los centros de control y a las fuerzas de seguridad. Ninguna de esas instalaciones podría omitirse bajo el argumento de que hay trabajos en curso: la iniciativa prohíbe expresamente dejar sectores desprotegidos durante la ejecución de obras.
Esa última disposición responde a una situación documentada. El proyecto toma como antecedente lo ocurrido en la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde la construcción del cuarto carril a la altura del barrio El Monte, en Quilmes, implicó la remoción de vallas perimetrales que dejaron expuestos tramos de la vía a accesos no autorizados. En ese contexto, también se registraron ataques con proyectiles desde puentes, con consecuencias para quienes circulaban por la autopista.
Para que las obligaciones establecidas tengan efecto real, la iniciativa contempla sanciones económicas a las empresas o ejecutores de obras que incumplan las disposiciones de seguridad. El financiamiento de los nuevos elementos en tramos críticos quedaría a cargo del Estado provincial, con recursos provenientes de Rentas Generales. El proyecto es explícito en un punto: ninguno de esos costos podrá trasladarse a las tarifas de peaje ni recaer sobre los usuarios de la red.
Otro componente del texto legislativo aborda una inconsistencia que arrastra la normativa desde hace casi cinco décadas. La multa fijada por el artículo 29° de la Ley Orgánica de Vialidad fue establecida en 1977 en quinientos mil pesos. Tras tres cambios de moneda en el país, ese monto equivale hoy a menos de un centavo, lo que la convierte en una sanción sin efecto práctico. Para corregir esa distorsión, el proyecto propone expresar el valor de la multa en unidades fijas, con el mismo parámetro que la Provincia utiliza para las infracciones de tránsito, de modo que su actualización sea automática y no quede sujeta a sucesivas modificaciones legislativas.
"Buscamos que una mejora necesaria en la infraestructura vial no se convierta en una oportunidad para el delito. Es indispensable que el Estado prevenga estos riesgos en lugar de actuar cuando las consecuencias ya son irreparables", sostuvieron Miranda, Minnaard y Lorden en la fundamentación del proyecto. La iniciativa aguarda su tratamiento en comisión en la Cámara de Diputados bonaerense.
