Con picardías de último momento de aliados que ya se convirtieron en rutinarias, el Senado sesionará desde las 14 de hoy con un temario que, como cuestión central, tiene a la nueva ley de salud mental que busca aprobar el oficialismo. No aparece entre los primeros puntos de una agenda que incluye un guiño a beneficios fiscales para inversiones a partir de los USD 12 millones, y la regulación del mercado de bonos de carbono, entre otros puntos.
Al comienzo del convite se rendirán homenajes al ex senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja) y al ex titular del gremio APL, Norberto Di Próspero, quienes murieron días atrás. Se sumará a esto un recordatorio por un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Kirchner. Y jurará Claudia López en reemplazo del ex legislador. No se descartan cuestiones de privilegio desde la oposición.
También es un misterio la posibilidad de lío en el recinto por un proyecto de resolución avalado en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer para forzar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a que asista el miércoles 18 de noviembre próximo para dar un informe de gestión, algo reclamado desde hace un largo tiempo por el kirchnerismo y, ahora, por otras bancadas.
El motivo es por el incumplimiento del artículo 101 de la Constitución y la obligación de ir al Palacio, una vez por mes, siempre que se intercale entre ambas Cámaras. Desde la Rosada ya informaron horas atrás la predisposición del funcionario para asistir el 25-11.
Para la ley de salud mental se vislumbran dos ítems que todavía no cierran en un par de oficinas aliadas. El primero está relacionado con los recursos -como no podía ser de otra manera- pese a que, ayer, el propio oficialismo adelantó que sería más taxativa la puesta a punto de la iniciativa para amortiguar quejas. Algunas provincias, resisten.
En segundo lugar, se reanudó -como adelantó meses atrás Infobae- la puja entre profesionales de la salud mental, que generó una disputa entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Varios integrantes de dicha entidad insisten con igualar en prioridad a psicólogos y psiquiatras.
¿Qué plantea el articulado? En las internaciones, se reemplazará la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia dicha especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien sí tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también está escrita la palabra "preferentemente", se consensuó quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de la profesión de psicólogo.
Anteayer, este medio relató que fuentes al tanto de las negociaciones comentaron las fuertes presiones para equiparar a ambos profesionales. Incluso, con universidades metidas en el medio y un senador que es médico, pero que apoyó el reclamo de los psicólogos y convirtió una disputa en una insólita batalla.
El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) desde los USD 12 millones para grandes empresas fue promovido por el titular de la Unión Cívica Radical en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes). El mismo consideraría como planes productivos a los destinados "a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina".
Al revisar la versión final de la propuesta se vislumbran modificaciones reclamadas por su compañero de bancada Maximiliano Abad (Buenos Aires); el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), y del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), a favor de insumos locales.
La norma establece un "marco jurídico aplicable a la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono generados por proyectos que se desarrollen en el territorio nacional y establecer el marco habilitante para su participación en los mercados de carbono nacionales e internacionales".
Anoche -20 horas- avanzó, ya de manera oficial, el dictamen que crea "en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación el Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM)", que tendrá "por objeto la conformación de una base de datos unificada, dinámica, de soporte digital y de acceso público y gratuito, que consolide e interconecte la información de las personas inscriptas en los Registros de Alimentantes Morosos de todas las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Para llegar a la meta se unificaron las ideas del peronista pampeano Pablo Bensusán y de la aliada filo radical Elizabeth Terenzi (Chubut).
